Por:
Natalia Villamizar
Valentina Melo
Karen Ospitia
Carlos Medina
Red Popular de Derechos Humanos - REDHUS
Agradecimientos:
A todas los jóvenes que se atrevieron a contar su historia
Escuela de Medios sin comillas 2021
Kevin es un joven soachuno. Tiene 23 años, le gusta montar bicicleta y actualmente es estudiante de octavo semestre de psicología. Como muchos otros jóvenes participó en las movilizaciones de junio del 2021 en el marco del Paro Nacional con la convicción de que estas son una de las maneras más legítimas de demostrar la inconformidad de la sociedad. El 28 de junio, en medio de una olla comunitaria cerca al barrio La Estancia, Kevin fue impactado por una aturdidora que lanzó el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y lamentablemente perdió uno de sus ojos.
Desde el Paro Nacional del 2019 los jóvenes no solo han sido de los sectores más activos en las protestas, además han sido de los más violentados por la fuerza pública. Probablemente el caso más emblemático es el de Dylan Cruz, quien fue asesinado por la policía en el centro de Bogotá.
Las condiciones indignas de vida de la población Colombiana se agravaron con la pandemia por Covid-19 en el 2020. Las medidas de aislamiento hicieron que para un porcentaje importante de la población la situación laboral empeorara, según cifras del DANE el 2020 cerró con una tasa de desempleo nacional del 15,9%, después de que en abril de ese mismo año se destruyeron más de 5 millones de puestos de trabajo. El escenario de los jóvenes tampoco fue positivo ya que para el trimestre de abril a junio de 2020 la tasa de desempleo juvenil fue de un 29,5 %. La gente no pudo salir a rebuscarse en las calles su sustento para sobrevivir, ya fuera por miedo a un contagio o a las represalias de las instituciones por incumplir la cuarentena estricta. Para agosto del 2021 la tasa de desempleo solo se ha reducido a un 12,3%.
Con este panorama, el paro nacional del 2021 convocado el 28 de abril por diferentes organizaciones sociales y sindicatos a nivel nacional, entre ellas, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional del Trabajo (CGT), Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Confederación Democrática de los Pensionados (CDP), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera, entre otras que exigían al menos ocho puntos:
Renta básica; retiro del proyecto de Ley 010 de salud; defensa de la producción agrícol; matrícula cero para universidades públicas; acabar con la discriminación de género, y hacia la diversidad sexual y étnica; derogatoria del Decreto 1174 que tiene como objetivo reglamentar el piso de protección social para personas que devengan menos de un salario mínimo SMLV, ya que este no brindaba unas garantías reales de estabilidad y dignidad laboral; retiro del proyecto de ley de la Reforma Tributaria; y garantías para los y las firmantes de paz, defensores y defensoras de Derechos Humanos (DDHH) y Ambientales.
Luego del retiro del proyecto de ley 010 y de la Reforma Tributaria, las movilizaciones continuaron. El descontento se agudizó por el aumento de los abusos de autoridad por parte de la fuerza pública y porque el Comité del paro no representaba a quienes sostenían las protestas en la calle. Las comunidades pedían a gritos un diálogo real con las instituciones, donde sus reclamos fueran escuchados y se hicieran transformaciones de fondo.
Fue tal la magnitud del inconformismo de la población colombiana que incluso durante el 2021, a pesar de haber enfrentado el segundo y tercer pico, la movilización tuvo bastante asistencia. Incluso en el punto más bajo del paro, entre el 8 y el 24 de junio de 2021, el Ministerio de Defensa registró 823 protestas en puntos fijos y 139 marchas, reportó el International Crisis Group en su informe Paro y pandemia: las respuestas a las protestas masivas en Colombia.
A medida que se ampliaron y se mantuvieron los espacios de movilización, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las misiones médicas y los grupos de prensa alternativa tuvieron que ampliar sus equipos para hacer frente a estas jornadas que cada vez más ponían a los manifestantes en constante vulnerabilidad.
La violencia aumentó y se convirtió en una constante. Las agresiones físicas fueron día a día escalando llegando a convertirse en mutilaciones y asesinatos, se presentaron violencias basadas en género, particularmente violencias sexuales contra mujeres manifestantes. La Defensoría del Pueblo para el mes de mayo reportó 106 casos de violencias basadas en género, de las que 23 fueron hechos de violencia sexual durante la protesta social. Así, las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD se convirtieron en noticia a través de las redes sociales y los cubrimientos de medios de comunicación alternativos que les hacían seguimiento.
En medio de la violencia del estallido social del 2021, Kevin empezó a ser parte de las alarmantes cifras de pérdida ocular causadas por el ESMAD que dejó el, pero más que un número, su vida hoy representa la resistencia. Su historia así como la de muchos otros jóvenes humanizaron las cifras y permitieron abrir la discusión sobre la necesidad de una reforma policial y el desmonte del ESMAD.
El 28 de junio del 2021 se conmemoraron dos meses del paro nacional, este día se convocaron movilizaciones en diferentes puntos de resistencia en Bogotá. Altos de la Estancia, Portal Resistencia, Puente de la Dignidad, Universidad Distrital y Planetario Distrital fueron lugares de confluencia para las movilizaciones locales. Entre ollas comunitarias, conciertos, expresiones artísticas y culturales la comunidad compartió la indignación de un país injusto y violento, y exigió justicia frente a los casos de abuso policial y la defensa de los Derechos fundamentales.
Así vivió Kevin esta jornada:
Kevin, quien ya había asistido al menos a unas diez jornadas de movilización, se encontró con un amigo en el punto de protesta de la Autopista Sur, cerca al barrio la Estancia en el que habitualmente se reunían habitantes de Ciudad Bolívar, Soacha y Bosa. Ese lunes sobre las cuatro de la tarde la resistencia popular empezó con un canelazo. Cerca donde yo vivo se hizo una olla comunitaria y yo quería ir allá para hacer parte de eso y no dejar morir el movimiento. No dejar morir nunca las ideas y las retóricas que se estaban proliferando en todo el paro.
Alrededor de 100 personas llegaron entre las cuatro de la tarde y siete de la noche al punto de resistencia según lo cuenta Kevin. Empezó muy tranquilo con la música, las arengas (…) Había comunidad en general. Llegaron músicos. No había mucha gente encapuchada, añade.
Muchos de los espacios de movilización social, inician con acciones no violentas y es cuando la policía nacional y el ESMAD hacen presencia para despejar a la fuerza vías, que no siempre son principales, que inicia la confrontación. Nos pasó en la localidad Ciudad Bolívar, una noche que los muchachos estaban manifestándose todo estaba tranquilo hasta que hizo presencia el ESMAD. Se presenció esa noche una brutalidad policial desmedida donde sale afectado un muchacho en el ojo, le impactó un proyectil en el ojo. Nosotros hacemos todas las labores de primeros auxilios, lo que humanamente podíamos hacer. Días después nos informan que el muchacho pierde su ojo, cuenta Alejandro Diaz , integrante de REDPAS.
Durante el 2021 se evidenció un incremento de las violencias, donde la fuerza pública empezó a ser uno de los principales victimarios. Según Indepaz y Temblores entre el 28 abril al 28 de junio hubo 75 asesinatos de los cuales 44 fueron presunta autoría de la Fuerza Pública; 1468 casos de violencia física y 1832 detenciones arbitrarias.
Se convirtió en paisaje el uso indiscriminado de armamento de supuesta baja letalidad como lo son los lanzadores de proyectil múltiple o venom, lanzadores de gas calibre 40, granadas aturdidoras, trufly o marcadoras, disparando directamente sobre los cuerpos y rostros de los manifestantes, el irrespeto a las comisiones de verificación de Derechos Humanos, Misión Médica y Prensa, y en general el incumplimiento de los protocolos de intervención establecidos en el estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana del decreto 003 del 5 de enero de 2021.
Siendo las siete de la noche inició el bloqueo de los carriles de la Autopista Sur, quedó habilitado un carril en cada sentido para la movilidad del transporte. A las diez de la noche, se tomaron los carriles de ambos sentidos, y se bloqueó el paso total de vehículos como un ejercicio legítimo en el marco de la protesta pacífica.
A las once de la noche llegó el ESMAD. Creo que unas personas empezaron a lanzar rocas, pero de una vez todos nos metimos a La Estancia [el barrio] porque de una vez empezaron a lanzar gases y ahí empezó todo, cuenta Kevin.
La confrontación es desproporcionada, mientras el ESMAD arremete con gases lacrimógenos y disparos con marcadoras, cubiertos por un uniforme protector antimotín valuado alrededor de 1,7 millones, un casco y escudo de un costo de alrededor de 700.000 mil pesos y una camiseta balística nivel IIIA de 1.3 millones de pesos, mientras los manifestantes se protegen con cascos, gafas donadas o autogestionadas y agua con bicarbonato o leche para disminuir el ardor y congestión por los gases.
Alejandro Diaz, auxiliar de enfermería de trauma, cuenta que la misión médica de la Red Popular de Primeros Auxilios ha identificado algunas armas que son utilizadas en la confrontación: la famosa arma truflay que es con la que se lanzan gases, la escopeta de mano, las latas de gas… Dependiendo también de los colores de cada gas se podía identificar qué era lo que contenía (...) Se llegaba a reconocer también la vestimenta de cada uno de los de la fuerza pública y dependiendo de esto mirábamos cómo iba a ser el accionar de cada espacio.
Estamos alrededor de treinta personas, evitando que el ESMAD se acercara más cuando inicia una arremetida. Empieza todo. Decidí devolverme, agachar la cabeza y una aturdidora pasa por encima, me rebota muy cerca a la cara, llega Derechos Humanos y Misión médica a atenderme y empiezo a perder la noción del tiempo.
Durante las movilizaciones del 2021 se hizo aún más evidente la desproporcionalidad del ESMAD cuando empezaron a ser recurrentes las víctimas de traumas oculares. Este patrón de violencia dejó en dos meses de protestas 83 víctimas de mutilación ocular.
En esto concuerda Alejandro Díaz integrante de la Red Popular de Primeros Auxilios. Bastantes impactos por proyectiles en ojo, en cara, en extremidades, en pecho. Algunas de estas agresiones causan perder la vida, otras que llegan a tener grandes afecciones para el futuro de una persona y su desarrollo normal en el cotidiano y su vida.
Para el 28 de junio se calculó que hubo un total de 3486 casos de violencia policial, esto sin contar los demás casos que no han sido denunciados por miedo a represalias por parte de la fuerza pública o de actores estatales.
Sobre la media noche la confrontación con el ESMAD se volvió más álgida.
En el momento justo [del impacto a su rostro], de todas las experiencias que he vivido pues pensé que había sido un aturdidora como cualquier otra que le estalla a uno cerca y lo deja así (...) pero entré un momento en pánico porque en lugar de solo aturdirme ya sentí fue la mitad de la cara dormida.
Me ayudó un compañero que estaba ahí al lado mío, no fue con el que yo había ido ese día sino que era alguien más, y me ayudó a dirigirme a una zona más tranquila donde me prestaron los auxilios.
Hechos como este se presentaron a lo largo y ancho del país. Andrés David Lago en Bogotá, Lady Cardenas y Nicolas Reina, todos jóvenes, fueron algunas de las víctimas.
Fue necesario reforzar la veeduría y la asistencia médica, por lo que las misiones médicas, las organizaciones defensoras de DDHH y la prensa tuvieron mayor presencia en estos espacios de confrontación. Sin embargo, esto también les acarreó convertirse en víctimas de agresiones por parte de la fuerza pública.
En el Informe defensorial visita CIDH Colombia protesta social abril- junio 2021 se afirma que, entre el 28 de abril y el 03 de junio de 2021, la Defensoría del Pueblo recibió 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos y particularmente 36 de defensores y defensoras de DDHH.
Cuando no nos conocían y no nos respetaban las autoridades sufrimos empadronamiento (retención de documentación sin justificación), sufríamos de que a algunos de nosotros los intentaban capturar. Golpes, empujones y agresiones, relata Díaz de la Red Popular de Primeros Auxilios.
Por su parte, la Fundación Lazos de Dignidad, organización dedicada a la defensa, promoción y educación de los derechos humanos, a raíz de las constantes violencias basadas en género que ejerció la fuerza pública hacia manifestantes y Comisiones de Verificación e Intervención CVI durante el Paro nacional, creó un equipo de género para apoyar el trabajo de las CVI en el acompañamiento a la movilización social.
Nos dimos cuenta que, como defensoras de derechos humanos, sufrimos otras violencias que vienen de la institucionalidad y del sistema patriarcal entonces violencias como: Uy, tan bonita y defensora de derechos humanos, Uy qué hace una vieja tan linda con ese chaleco, Yo no interlocuto con mujeres, a mi tráiganme un hombre.
Todo esto lo vivimos en terreno y dijimos – Oiga, qué está sucediendo, qué está pasando en los traslados con las mujeres, cómo que se las llevan cinco horas en una patrulla (...) qué está pasando con las mujeres y hombres trans, porque cuando tú te presentas, tu identidad, tu cédula y te identificas como diversidad sexual y de género pues a las instituciones, especialmente a la policía y al ESMAD no les importa. Entonces te trasladan con hombres cuando te identificas como mujer y otro tipo de violencias que vimos en el marco de la protesta social, relata Laura Daniela Páez Rodríguez integrante del equipo de género de Fundación Lazos de Dignidad.
Pasada la medianoche se le prestaron los primeros auxilios a Kevin por parte de La Red Popular de Primeros Auxilios en compañía de la Red Popular de Derechos Humanos Bogotá. Fue una situación difícil desde el momento en que se pidió la ambulancia hasta cuando recibió la atención médica.
Casi que al instante mientras me atendían [Red Popular de Primero Auxilios] llamaron a una ambulancia y me llevaron al hospital, creo que al de Meissen o el del Tunal no recuerdo, alguno de esos dos, y allá sí se notó mucha negligencia como por parte de todo el cuerpo médico. No sé de pronto justificamos el hecho de que sea un hospital del distrito o del Estado, entonces de pronto que la gente es un poco más negligente y allá sí se notó mucho eso. Además que la policía estaba entrando allá como si quisieran averiguar algo y preguntaban y miraban, después de eso duré allá un día. Después me mandaron al Hospital San Ignacio porque allá sí me hicieron todo el proceso más complejo que en el Meissen o en el del Tunal no podían.
Hicieron todos los estudios y cirugías necesarias, y claro, se notó el cambio abrupto entre ese hospital [San Ignacio] y el de allá [Meissen], o sea inicialmente estaban mucho mejor preparados [en el San Ignacio] y pues ya el trato era mucho mejor, en el Meissen si como que lo dejaban a uno ahí a su suerte.
Hasta el momento a Kevin le han hecho dos cirugías de las cuatro que necesita, pero los problemas en la atención médica persisten. En sus palabras, todo va bien en términos de los controles post operatorios, pero el problema vuelve a ser algo como institucional porque la EPS quiere controlar ese proceso y que no se lleve a cabo en el hospital (...) desde un concepto médico y profesional todos dicen es mejor que se siga tratando acá [en el hospital].
Cuando estuvo la confrontación más fuerte durante el paro, empezamos a tener inconvenientes sobre todo con los hospitales públicos porque llegaban los chicos heridos por parte de la policía y en algunos no los atendían y en otros daban un reporte policial para que empezaran a hacer un seguimiento con la policía para iniciar investigación o judicialización de estas personas, por lo cual de ahí en adelante empezamos a llamar a ambulancias privadas, ya no se podía llegar a un hospital público con un manifestante porque inmediatamente hacían el reporte y llamaban a la policía, la negligencia en la atención a los manifestantes también fue una constante en este año. Alejandro Diaz integrante de REDPAS
Agrega Laura Páez de Fundación Lazos de Paz, nos encontramos ante una situación desgarradora, un acceso a la salud totalmente privatizado y totalmente ineficaz. Que no hace diferenciación entre las personas que están afiliadas o no y que niegan una atención rápida a las personas, que niegan sus cirugías a las cuales nos toca interponer acciones de tutela, derechos de petición.
Marcha Patriótica está acompañando a Kevin a llevar su caso, como él asegura el proceso ha sido lento puesto que este movimiento político también lleva otros procesos que fueron aumentando a medida que avanzaban las movilizaciones.
En términos de cómo funciona la justicia, se pueden distinguir por lo menos tres obstáculos para que las víctimas de la protesta social consigan la garantía de obtener justicia en sus casos. Primero, la víctima necesita encontrar el video de quien disparó, si no lo encuentra no puede demostrar a quién está acusando entonces ¿a quién estás acusando? al estado, qué agente le disparó. Por otro lado, en dado caso de tener evidencia, puede pasar que no se encuentre el nombre del agente que le disparó, o que no coincida el número del casco con el chaleco al agente y así no hay una persona a la cual acusar y vincular a un proceso.
La organización [Marcha Patriótica] nos va dirigiendo. Nos dicen traigan tales papeles o nosotros vamos averiguando esto de tal parte, y así prácticamente. Como allá había cámaras cuando sucedió todo pues creo que se está revisando si hay información de eso, relata Kevin sobre la evidencia de su caso.
El tercer tropiezo en la búsqueda de justicia está en que la Policía no concilia ante la justicia penal y militar. No se logra conciliar una reparación económica, ni simbólica, mucho menos que se respete el derecho internacional y humanitario. Y es así como estos casos se dilatan y en ese camino las víctimas son re victimizadas.
Acaban no solamente con la vida de una persona, después de salir de esto nosotras vemos que ha perdido su empleo porque no tiene las suficientes incapacidades médicas, ha perdido su visión que ya la hace una persona que no puede acceder más rápido al trabajo, señala Laura Páez de Fundación Lazos de Dignidad.
A raíz de la recopilación y denuncia sistemática de todas las agresiones y violaciones a derechos humanos cometidas por la fuerza pública, empezó a nacer una bandera de exigencia al respeto por la vida y por el legítimo derecho de la protesta social que se ha materializado en una propuesta puntual: el desmonte del ESMAD.
Con este objetivo en julio de 2021 Antonio Sanguino (Alianza Verde), Iván Cepeda (Polo) y Feliciano Valencia (MAIS), radicaron un proyecto de ley con el que se buscaba no solo el desmonte del ESMAD sino la creación de una Unidad especial de diálogo y mediación policial. Sin embargo, el proyecto se cayó en el primer debate.
Por otro lado, estaba el Proyecto de Ley 038 de 2020 cuya propuesta es regular el uso de la fuerza y la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas. El proyecto se especializa en reformar también algunas cosas, componentes de la ley 1801 que es la que regula precisamente todo el tema de la actuación de la policía, de materialización de las acciones, cuenta Mauricio Neuta, politólogo e integrante Red Popular de Derechos Humanos. Estos proyectos fueron archivados por la negativa constante de que los protocolos de intervención se modifiquen y de que haya mayor verificación al cumplimiento los mismos.
Agrega Neuta, en este marco del proyecto de ley, lo que se quiere es modificar primero la forma de la materialización de las actividades de policía y que son actividades de materialización, cambiar el concepto que se tiene allí, ampliar un artículo más y lo que se dice allí es: esta tarea le pertenece únicamente a la policía nacional o al cuerpo especial que es la fuerza disponible. En Colombia existen esos dos niveles, la fuerza disponible y el escuadrón móvil antidisturbios (...) puede que el proyecto no vaya a quedar listo este año [2021] o que definitivamente lo pueden estar tumbando sobre febrero y marzo del otro año [2022].
En últimas, el debate gira en torno a que, por un lado, la academia sostiene que es mejor que se elimine la fuerza disponible y al ESMAD al tiempo, mientras que los partidos políticos, que desconocen la existencia de la fuerza disponible hablan únicamente del desmonte del ESMAD. Según Mauricio Neuta, adicionalmente se debería cambiar la doctrina del Código de Policía o del Código de seguridad y convivencia ciudadana porque hay unos vacíos muy fuertes en torno a lo que es la convivencia y la forma de abordarla. Incluso el código al principio habla de las contravenciones, es algo que ya no es aplicable cuando hablamos de la convivencia.
Así, durante el 2021 el panorama se torna desalentador respecto al tema, especialmente por falta de voluntad política y falta de celeridad en los procesos de investigación y judicialización de los diferentes casos de asesinatos, agresiones físicas y violaciones a los derechos humanos cometidas por el ESMAD. A pesar de esto, en el marco del debate es fundamental contemplar dos aristas del problema:
Así, la exigencia que hacen los defensores de derechos humanos es que haya un acompañamiento serio por parte de los partidos políticos, así como las garantías necesarias para que los canales de denuncia sirvan y se fortalezcan brindando un apoyo integral a las víctimas.
Creo que lo que más me gustaría, en general, es que el Estado, en sí toda la fuerza pública, reconociera su responsabilidad (...) Creo que inicialmente es algo que no quita algún valor económico, además creo que un acto simbólico y de reconocimiento de la responsabilidad, de la justicia es algo muy importante. Kevin, víctima de pérdida ocular.
Hoy, a casi un año del traslado del ETCR Mariana Páez al municipio de Acacías, Meta, son alrededor de 250 personas las que le apuestan a la construcción de paz. Solidaridad y resiliencia son las palabras con las que la comunidad define su unión.
A través de una serie de talleres, este grupo de jóvenes se propusieron construir desde cero las estrategias de comunicación de cada una de sus iniciativas y colectivas poniendo en el centro la defensa de los derechos humanos en sus territorios.
Una de estas personas es Mayra Luisa Zabala, mujer venezolana originaria del Estado de Trujillo, municipio de Sabana de Mendoza, tiene 28 años y llegó a Colombia hace cinco años, exactamente en el 2017. Mayra salió de su país debido a la crítica situación socioeconómica, la dificultad de conseguir trabajo y de tener acceso a mejores condiciones de vida para ella y sus dos hijos.
