Ciudad Bolívar alberga poderosas historias de lucha y resistencia protagonizadas por mujeres locales. Dos de estas mujeres compartieron sus experiencias de vida con sin comillas. Elizabeth Rivera, lideresa social y defensora de los derechos de las mujeres y de la población con discapacidad, habitante de la localidad desde 1990; y Diana Campos, madre, migrante venezolana que llegó a la localidad en el año 2018. Juntas han encontrado en la casa de Justicia de Ciudad Bolívar información referente al camino a seguir para ser veedoras de sus derechos y enfrentar los desafíos de vivir en Colombia, siendo mujeres de acogida, lideresas sociales y madres migrantes. 

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La vida de Diana en Colombia

Diana Campos viene desde el estado Trujillo, sabana de Mendoza en Venezuela, llegó a Colombia en el 2018 con la esperanza de que ella y su familia tuvieran una mejor calidad de vida. Para que mis hijos estudien y echen pa´lante y aquí estoy luchando con ellos, dice. 

Tiene cuatro hijos, uno de catorce, otro de doce, una niña de siete años y una bebé de 17 meses. Llegó a Colombia con sus tres hijos mayores y la bebé la tuvo aquí. Viajó por tierra sin el padre de sus hijos, él estaba trabajando en Tibú, así que con la ayuda de sus hermanos, quienes ya vivían en Colombia, tomó la decisión de migrar.

Recién llegó a Bogotá, la necesidad de subsistir obligó a Diana a aceptar trabajos mal pagos y con jornadas laborales muy largas. Sus hermanos se encontraban trabajando en un restaurante en la 46 con 30 así que la ayudaron a entrar, le pagaban 30 mil pesos por una jornada de 12 horas, pero cuando empezó la pandemia este valor disminuyó a tan solo 10 mil pesos. Esta situación la impulsó a emprender a través de la venta informal de chicha venezolana, una bebida típica a base de avena. 

Desde ese momento hasta hoy, Diana vende todas las tardes la chicha en las calles de Ciudad Bolívar. Sale con un galón al hombro para sostener a su familia, gana entre 30 y 40 mil pesos al día, los cuales destina para la alimentación de sus hijos. Con su emprendimiento, Diana tiene la convicción de que tendrán en el futuro una mejor calidad de vida. 

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Durante el tiempo que se ha dedicado a vender chicha, ha tenido que enfrentarse a comentarios xenófobos. Diana recuerda: me ofendían muy feo… que veneca, esos pirobos venezolanos que vinieron a quitarnos nuestros derechos y bueno, siempre me quedaba callada, qué más puedo hacer, no le digo nada porque estoy en el trabajo y tengo que respetarlos. 

Además de la discriminación por su nacionalidad, al principio como migrante tuvo dificultades en acceso a trabajo, salud y educación. Actualmente, sus hijos se encuentran estudiando, ella cuenta con su emprendimiento y está regularizada con PPT al igual que sus hijos. Una amiga de ella, lideresa de la localidad, le ofreció su acompañamiento con el trámite. 

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El espíritu de lucha en Elizabeth

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Elizabeth Rivera es una mujer bogotana, la tercera de ocho hermanos, a la que con tan solo ocho meses de nacida se le tuvo que amputar una pierna debido a un descuido médico. Su discapacidad le ha puesto múltiples retos, pero también le ha potenciado su espíritu rebelde. 

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Cuando era una niña mi madre me quiso matricular en una escuelita de varones cerca a mi casa, obvio el rector me rechazó por ser una niña. A mi madre le dolió y a mí me molestó la forma peyorativa como se refirió a mi discapacidad, según él, una niña en mi condición, lo único que necesita en la vida era comer. Desde ese momento me invadió una rebeldía que me convirtió en una mujer de retos, porque quiero, porque puedo, porque me lo merezco.

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Elizabeth tuvo la oportunidad de hacer parte de una fundación de formación laboral para jóvenes con discapacidad física, allí aprendió a tejer a máquina y pudo validar la primaria y el bachillerato en la jornada nocturna. Tiempo después conformó un hogar y tuvo dos hijos, sacó un préstamo, compró una tejedora y creó una microempresa la cual llamó Tejidos Eliza, allí fabricaba sacos, chalecos, bufandas, guantes, medias, cachuchas, entre otros. Conformé la microempresa cuando vivía con el papá de mis hijos, hice un curso con la Fundación Compartir. Solicité un préstamo de 20 millones y compre una tejedora y originé el emprendimiento, alcance a tener cinco máquinas, cuenta.

Esta microempresa la llevó con ella cuando se trasladó de Engativá a Ciudad Bolívar, allí fue donde empezó a tener problemas con su emprendimiento. Funcionó regularmente hasta que la Apertura Económica del gobierno Betancourt, causó bajar costos. En 1989, llegué de Engativá a Ciudad Bolívar, un lugar inhóspito, fue imposible encontrar con quien trabajar y el negocio no funcionó, relata Elizabeth.

Aunque la situación económica y social cuando llegó a Ciudad Bolívar no era la mejor para la continuidad de su microempresa, este no fue el único obstáculo en su vida laboral, como mujer en condición de discapacidad, también tuvo que pasar por momentos complicados. Sobre todo en esa época muy difícil. De ahí aprendí un oficio, pero muy explotado, primero trabajando a destajo, pago por prenda, después cargar con la mercancía de feria en feria.

Llegó a Ciudad Bolívar en 1990, luego de separarse, y desde que llegó empezó a consolidar su liderazgo, como ella misma relata, hice parte de la conformación de la Junta de Acción Comunal de mi barrio Arborizadora Baja. Desarrollé el Programa Crecimiento y Desarrollo, apoyé la conformación de la Asociación Ideas Infantiles para la creación de jardines infantiles del ICBF. Fui madre comunitaria por dos años y a la par trabajé con la Asociación Deportiva de Parapléjicos Ascopar y con la misma Fundación que me capacitó en tejidos. 

En el año 2000, esta mujer fundó la Asociación de Líderes en marcha Asolimar, a través de la cual participó en la Política Pública de Discapacidad de Ciudad Bolívar; también creó el periódico El Relator. Hoy, El Relator hace parte de la Mesa de Comunicaciones de la Alcaldía Local. El periódico local publica bimensualmente y se financia por medio de proyectos o pauta publicitaria, siendo esta última muy escasa, las personas que escriben son locales con y sin discapacidad, y como lo menciona Elizabeth se escribe cuando hay con qué pagar.

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Como consejera durante 10 años del Consejo Local de Discapacidad, Elizabeth invita a poner las alarmas sobre la discriminación.

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 Mi condición de mujer con discapacidad genera una doble discriminación. El lado oscuro de la discapacidad existe y hay que hablar de esta, el rechazo de la sociedad es evidente y, aunque hemos avanzado mucho, todavía debemos seguir luchando por el respeto a la dignidad y derechos de las personas con discapacidad.

El acceso integral a derechos aún no es una realidad ni para la población migrante, ni para la población de acogida en Ciudad Bolívar. El problema se agrava para las mujeres, ya que son ellas las que asumen los roles de madres, cuidadoras y sustento económico de sus familias. Según la ENDS, la distribución de tareas en el hogar guarda una estrecha relación con los roles tradicionales de género. De las personas encuestadas, las mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años, dedican entre el 80 % y el 90 % de su tiempo para realizar labores de limpieza en el hogar en Colombia.  Frente a un 12 % de los hombres adolescentes de la misma edad que dedican tiempo para ser partícipes de estas tareas. Y si bien se han logrado avances significativos, todavía el camino es largo para enfrentar problemas estructurales como la xenofobia, la discriminación, el patriarcado y la pobreza. 

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_{¿Cómo acceder a la justicia en Ciudad Bolívar?}

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Instituciones como las Casas de Justicia, programa adoptado a través del Decreto 1477 de 2000, tienen la responsabilidad de acercar los derechos a la población, puesto que son centros para orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitando el uso de los servicios de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

En entrevista con Valentina Giraldo, coordinadora de la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, precisa que la situación de las personas migrantes o con algún tipo de discapacidad dentro del territorio nacional son merecedoras de atención, en tanto su derecho a la justicia sea primordial e imperante; sin embargo, es necesario entender cómo funcionan las Casas de Justicia en el país.

Un servicio específico para población migrante, como Diana, no existe dentro de la casa de justicia, porque la estructura del Estado colombiano supone que las entidades que tienen a cargo, ya sea política pública o misionalidad son las únicas que se encargan del proceso; un ejemplo con los niños, niñas y adolescentes, la política pública está en cabeza de ICBF y en un contexto de violencia intrafamiliar las Comisarías de Familia.

Las demás entidades no podríamos entrar a intervenir de forma directa a ese tipo de población, por el contrario, debemos hacer articulación o remisión, lo mismo pasa con la comunidad migrante, dentro de la casa lo único que podemos ofrecer frente a su estatus migratorio desde el estatus es migración Colombia y este no está presente en casas de justicia porque migración Colombia no presta servicios de administración de justicia, sino que, desarrolla servicios en procesos administrativos, tales como los servicios de regulación visas, velar que las personas migrantes en el territorio se alineen y comporten de acuerdo a nuestra constitución, y velar porque se garanticen sus derechos dentro del territorio Nacional, señala Giraldo.

Sin embargo, los servicios de administración de justicia que se prestan dentro de las casas de justicia son abiertos a cualquier persona, sin importar si es migrante o población colombiana, regularizada o no. El servicio que se presta se ajusta a lo que ofrece la Fiscalía General de la Nación, en concreto en tres unidades: violencia sexual, violencia familiar y la unidad de querellas graves. 

De esta manera, si alguna de las personas dentro del territorio es víctima de algún tipo de delito, como robo, o estafa, lesiones personales, y/o daño en bien ajeno, o de algún accidente de tránsito, este puede gestionarse a través de la Unidad de querellables de Fiscalía General de la Nación, esto sin importar si es migrante o no.

En la localidad de Ciudad Bolívar, la Casa de Justicia está ubicada en la Diagonal 62F # 20 F 20 SUR y su atención es de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm, allí la población puede recibir orientación de manera gratuita. 

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Este artículo fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de este artículo es responsabilidad de Pact, Internews y la Escuela de Medios sin comillas y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.