Han pasado más de diez años desde que la minera La Sacan amenaza la vida, el agua y las montañas de Cerro Seco, el pulmón de Ciudad Bolívar. Hoy con un historial de más de 50 incumplimientos en su trabajo extractivo, en el que se evidencian malas prácticas y falta de experiencia, la comunidad se pregunta ¿qué más tiene que ocurrir para que las autoridades ambientales pongan freno a la minería? 

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Ciudad Bolívar, la fábrica de ciudades 

Desde los años cincuenta Ciudad Bolívar, por sus características geológicas, ha sido un territorio estratégico para el sector minero, especialmente en extracción de piedra, arena y arcilla. Las canteras, que eran fuentes de trabajo y de material de construcción, aceleraron los procesos de urbanización en la localidad, así como la consolidación de medianas industrias de explotación, ejemplo de esto es la llegada de la cementera mexicana CEMEX y la empresa suiza Holcim. 

Con el propósito de regular la actividad económica de estas empresas durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, por medio del artículo 327 del Decreto 190 de 2004, se buscó la creación de los Parques Mineros Industriales, zonas de la ciudad para desarrollar actividad minera bajo parámetros de sostenibilidad ambiental. Desafortunadamente, en la práctica dicha sostenibilidad no existe, lo que existe es un conflicto socioambiental en las ladrilleras por la desmedida explotación de los recursos naturales que afecta el suelo, el aire, el agua y la seguridad alimentaria del sector rural y urbano de la localidad. 

Las ladrilleras son una de las principales industrias económicas que se concentran en este parque minero; y también, son de las que más explotan de manera desmedida los recursos naturales aprovechando la poca regulación ambiental. Cada mes, se extrae piedra, arcilla, arena y recebo del Parque Minero Industrial de Mochuelo para producir en promedio 250.000 unidades de ladrillo. Para hacerse una idea de las dimensiones de la explotación, solo para construir una casa de 70m² se necesitan 3.780 ladrillos. 

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Ciudad Bolívar históricamente ha entregado gran parte de su capacidad geológica para construir la ciudad, una ciudad que excluye a la localidad. 

Desde hace 50 años la mayoría de ladrillos y materiales de construcción salen de las canteras del sur, ya que el 89 % de áreas mineras que explotan arcilla en Bogotá se encuentran en Ciudad Bolívar, según documenta el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Asimismo, el Plan Ambiental Local 2020-2024 reporta nueve títulos mineros en la zona rural y 29 en la zona urbana de la localidad que están activos para la extracción de materiales de construcción y minerales en el territorio. 

Como relatan líderes y lideresas sociales en el libro Partir de lo que somos: Ciudad Bolívar, Tierra, Agua y Luchas, desde que llegó la minería a los barrios, las dinámicas del territorio cambiaron. Cecilio Uribe recuerda que cuando CEMEX finalizó sus actividades en el barrio Alameda al poco tiempo se presentó un derrumbe que sepultó la maquinaria y convirtió la cantera en un pozo de aguas negras. Ahí llegaban todas las aguas negras de la parte alta, muy peligroso porque eran semanalmente uno o dos muertos que aparecían. 

‍Cuando solo había cinco casas en el barrio Potosí, al pié del palo del ahorcado quedaba una quebrada limpia donde se podía ir a lavar o a recoger agua para comer; pero desde que se empezó a poblar el sector la quebrada se llenó de trapos y botellas, también porque cuando llegó la minería al sector se terminó de contaminar y se secó la quebrada, agrega Rosa, habitante de Potosí desde 1985.

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La minería no solo le saca piedra a la montaña, sino que amenaza la vida en todas sus formas. Arrebata la posibilidad de vivir en dignidad. 

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Hoy, uno de los títulos mineros activos en Ciudad Bolívar se encuentra en la parte alta de la UPZ Jerusalén en los límites de los barrios San Rafael, Arborizadora Alta y Potosí, donde se han venido agudizando conflictos sociales y ambientales desde el inicio de la explotación minera en el año 2010 a manos de la Cantera La Esmeralda y, más recientemente, La Sacan.

Esta empresa minera construyó su campamento y sus zonas auxiliares en el paso de la quebrada La Trompetica, cuyo curso es reconocido como zona de manejo y preservación ambiental en el Artículo 101 del Decreto 190 de 2004. Esta quebrada es uno de los cuerpos hídricos que alimenta la quebrada Limas, que representa para Ciudad Bolívar lo mismo que el Río Tunjuelo es para el sur de la ciudad. 

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El taponamiento de la quebrada fue una de las razones por las que la Secretaría Distrital de Ambiente inició un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de La Sacan. 

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Para llegar a la Cantera La Sacan, se toma la avenida Boyacá en sentido norte–sur hasta el desvío ubicado en la Diagonal 62 Sur; allí se continúa por la carrera 20C hacia el barrio San Francisco, hasta encontrar la transversal 20F, por esta vía se sigue hasta ubicar el paradero de buses del SITP de Arborizadora Alta, donde a pocos metros se encuentra la entrada a la cantera, que actualmente explota la Compañía Minera La Sacan S.A.S, cuyo gerente es Argemiro Bayona Bayona. 

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La Sacan en el 2010 obtuvo la licencia ambiental para la explotación de piedra, arena, arcillas comunes y yeso en la localidad de Ciudad Bolívar por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. La licencia ambiental es indispensable para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que puede afectar gravemente los recursos naturales o el medio ambiente, como es el caso de la actividad minera. 

Así, la ANLA fija unos mínimos u obligaciones que la empresa minera debe cumplir para prevenir, mitigar y compensar los efectos ambientales del proyecto. En los casos donde los proyectos mineros explotan más de 250.000m³ al año, también opera como autoridad ambiental.

Sin embargo, como La Sacan explota al año 48.000m³ de material de construcción, es la CAR quien asume la responsabilidad de autoridad ambiental, que, además de verificar que la actividad se esté realizando según las normas ambientales, puede suspender el trabajo de minería y abrir procesos sancionatorios. 

La Sacan tiene un contrato de concesión minera, es decir, un título que le da el derecho de explorar y explotar 135.077m² hasta el año 2036, un área equivalente a 19 estadios como El Campín aproximadamente.

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La Agencia Nacional de Minería, quien otorga títulos mineros en zonas habilitadas, según el catastro minero, y administra los recursos minerales de propiedad del Estado. En el auto GSC-ZC No. 002034 puso en evidencia que los volúmenes de explotación de La Sacan en el año 2019 y 2020 fueron superiores a los aprobados. Además, que la empresa minera no presentó ni los planes de las labores ejecutadas del 2016 al 2019, ni los comprobantes del pago de regalías (contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación de un recurso natural no renovable) de los años 2019 y 2020. Estas razones fueron suficientes para que la ANM empezara también un proceso sancionatorio contra La Sacan. 

‍Tiene un sancionatorio por parte de la Agencia Nacional Minera que es una novedad, porque la agencia difícilmente elabora estos escenarios y ejercicios. No cumple su plan de manejo de obras, pero también hace poco no pagaban regalías y tenían una planta de triturado para el material extraído, algo que no estaba contemplado ni en la licencia ambiental ni en el plan de obras, es decir, estaban haciendo un ejercicio ilegal dentro de esa minera, cuenta Wilder Téllez, líder ambiental de Ciudad Bolívar en un conversatorio sobre Cerro Seco en LAUD 90.4 FM ESTÉREO. 

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Todo el material de construcción se extrae de las montañas que sostienen la Reserva Ecológica Cerro Seco, un ecosistema de más de 300 hectáreas, casa de la alondra cornuda, de la rana y la serpiente sabanera, la casa del hayuelo, la laguna encantada y el palo del ahorcado.

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Cuando inició la minería en el sector, Cerro Seco no había sido declarado como reserva, es por esto que la licencia ambiental otorgada no contempló el daño que la minería ocasiona al ecosistema. 

Es hasta el 2013 cuando la Secretaria Distrital de Ambiente por medio de la Resolución 01197 declara 148,14 hectáreas de Cerro Seco como área protegida por el Distrito y reconoce que su combinación de cuerpos de agua y zonas secas aisladas han permitido el desarrollo de una riqueza biológica única. Además, se localiza en un punto estratégico, debido a que en él convergen cuerpos hídricos que, aunque en apariencia son secos, alimentan la cuenca media del río Tunjuelo. 

Aunque la resolución dejó por fuera hectáreas del área rural, esto significó una ganancia enorme para la comunidad que hace años venía movilizándose para que se reconociera a Cerro Seco como un parque ecológico. 

Sin embargo, en 2016 la Secretaría Distrital de Ambiente, esta vez bajo la administración de Enrique Peñalosa, emite la Resolución 520 de 2017 que retira el carácter de reserva a Cerro Seco alegando que no existe algún valor ecológico, biológico o histórico-cultural que justifique la existencia de esta área protegida. Esto fue lo que dio vía libre a las compañías mineras y ratificó la explotación por 20 años más.

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Precisamente, uno de los símbolos que representa cómo el territorio sigue resistiendo a la minería es el Palo del Ahorcado, también llamado el Árbol de la Vida. 

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No a la mina, sí a la vida: resistencias y movilización en Potosí

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Poco a poco los escombros, las cercas, las volquetas y las excavadoras empezaron a ser parte del paisaje en el territorio. Actividades como caminar por la montaña, el paseo de olla, elevar la cometa o hacer el viacrucis en semana santa quedaron atrás cuando La Sacan cerró el predio para guardar su maquinaria. 

Así lo recuerda Milena Montaña, habitante del sector desde hace más de 15 años. Entre 60 y 95 hectáreas que se concedieron quedaron privatizadas, y era algo a lo que la gente no estaba acostumbrada, la gente estaba acostumbrada a subir a la montaña sin ningún permiso, porque hace parte también de su espacio, están acostumbrados a habitarlo. Entonces hay una ruptura. 

No solo las actividades recreativas disminuyeron, los habitantes del sector empezaron a recibir amenazas por transitar libremente. Yo siempre he subido a elevar cometa, subo con mis perros, mi mamá desde chiquitos nos llevaba, como que ya hace parte de nosotros, entonces a quién le iba a pedir permiso. Pero ese día se me acerca un señor, y me dice señorita venga que necesito hablar con usted ¿usted qué es lo que está haciendo acá? ¿usted se habla con No le saque la piedra a la montaña y esos colectivos que supuestamente dicen que esto es un ecosistema?, apenas me nombró eso y en el tono en el que me lo dijo, me dio pie para decir que no… Después me dice: la verdad yo no estoy muy a favor, yo si me considero una persona de derecha, y a mí me pagan por cuidar este pedazo acá, cuenta Mariana Poveda [1], habitante del barrio.

Entonces la montaña pasó de ser un punto de encuentro para los amigos, los novios, los compinches, a convertirse en el epicentro de las luchas por la defensa de la vida y el derecho a habitar el territorio. Lo que también ha provocado señalamientos, persecuciones y amenazas constantes sobre las organizaciones sociales del territorio, algunos han tenido que salir del barrio por algún tiempo, otros han tenido esquema de protección de la UNP [Unidad Nacional de Protección], añade Mariana. 

Así se ve el paso de La Sacan por Ciudad Bolívar, pero la minería no solo deterioró la montaña en Potosí, sino también silenció una vida. 

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En la mañana del 4 de abril de 2015, hacia las 10:30 de la mañana, en la glorieta de una de las vías principales fallece Yineth Rivera Gaviria, habitante del sector que fue arrollada por una de las volquetas que transportaba el material de construcción que se extraía de la montaña. 

Ante esta pérdida, los vecinos y vecinas deciden bloquear la vía e impedir el paso de otras volquetas, la misma arena sirvió para construir una muralla que cerró el tránsito. No a la mina, sí a la vida; era la consigna que empezó a moverse, y gracias a la fuerza y la organización de las gentes del común se materializó en un campamento. 

‍Fue la gente la que dijo: aquí nos quedamos. Cuando empieza el plantón por Cerro Seco lo que más se evidencia es la solidaridad de cada persona, desde la veci que salía todos los días a trabajar y dejaba una libra de arroz, lenteja u otro alimento, y con ello se armaba la olla comunitaria, hasta el niño o la niña que pasaba todos los días al llegar de su colegio. La señora que traía los tintos, el señor que traía las arepas… Esa era la manera como los habitantes apoyaban esta lucha. 

Luego de 30 días de campamento, se iniciaron una serie de acciones jurídicas y reclamos ante la Corporación Autónoma de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Ambiente que terminaron en el cierre de la cantera y la suspensión del título minero 15558 de Canteras Unidas La Esmeralda. 

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El derecho a vivir con dignidad y habitar el territorio ganó contra la actividad minera que hacía Canteras Unidas La Esmeralda. Sin embargo, la lucha continúa ante la Compañía Minera La Sacan S.A.S.

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Justamente las tensiones con La Sacan se agudizaron porque la comunidad empezó a denunciar el incumplimiento sistemático de la licencia ambiental. Actualmente sobre Cerro Seco hay un proyecto minero que se llama La Sacan, que lamentablemente desde el 2009 tiene un título minero y desde el 2010 una licencia ambiental, en el 2015 a ellos les cierran la mina por estar haciendo minería ilegal. Les cerraron el polígono de explotación porque tenían que empezar desde la cota 2800 y empezaron desde unos metros abajo, puntualiza Wilder Téllez, líder ambiental de Ciudad Bolívar. 

Esa parte de la montaña no estaba destinada ni fue aprobada para extracción minera y hasta la fecha no se conoce ningún esfuerzo por parte de la compañía minera para recuperar y restaurar el área intervenida ilegalmente. A pesar de ello, en agosto de 2017 La Sacan reinicia actividades mineras, luego de que la CAR levantara la medida preventiva de suspensión. 

Este tipo de sanciones está regulada por la Ley 1333 de 2009 en el artículo 40 que de acuerdo a la gravedad de los incumplimientos define principalmente tres sanciones: multas diarias hasta por 5.000 salarios mínimos, cierre temporal o definitivo de la mina, revocatoria o caducidad de la licencia ambiental o el título minero. 

Sin embargo, aunque en el mejor de los casos la CAR pueda suspender temporal o indefinidamente la actividad minera, la Agencia Nacional de Minería es quien puede dar caducidad al título minero cerrando definitivamente la mina. La ANLA, por su parte, podría quitar la licencia ambiental, que es una acción igual de importante, porque sin licencia ambiental, el proyecto minero es ilegal. 

Hoy, La Sacan suma en total más de 50 incumplimientos, en el que se evidencian de manera sistemática sus malas prácticas y falta de experiencia, por lo que vale la pena preguntarse: 

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¿Por qué le siguen sacando la piedra a la montaña?

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En este momento la CAR, junto con su equipo técnico, está formulando los cargos sobre los incumplimientos para enviar el último proceso sancionatorio al equipo jurídico. Allí se investigarán todos los cargos haciendo cumplir, según afirman los funcionarios, el debido proceso que contempla el derecho que La Sacan tiene a defenderse, a presentar pruebas y a controvertir las pruebas que la CAR presente en su contra. 

Por último, es la dirección general de la CAR la que determina las sanciones que se le pueden imponer, todo dependiendo de los cargos que se logren comprobar. Sin embargo, el plazo de vencimiento máximo para que se determinen estas sanciones es de 20 años, según funcionarios de la CAR [2]. 

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Hasta el año 2042 podría esperarse una respuesta frente a más de 50 incumplimientos que hoy amenazan la vida, el agua, la memoria y el territorio en Cerro Seco.

De hecho, cuando La Sacan solicitó el título minero, según el ingeniero asignado a operaciones de La Sacan, no tenía mucha experiencia y por eso en su trabajo extractivo han cometido tantos errores. Así, el panorama frente al cumplimiento de la licencia ambiental es desalentador porque en realidad La Sacan no ha llevado a cabo acciones significativas en pro de reparar ni ejecutar su actividad minera de manera responsable. La Sacan lleva años en el territorio haciendo lo mínimo. 

Las acciones que se pueden adelantar parecen insuficientes porque superan las capacidades y requieren de un esfuerzo conjunto e integral de las diferentes entidades: la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Ambiente y a nivel local, la Alcaldía de Ciudad Bolívar. 

‍Acá confluye la competencia de nosotros como alcaldía en los temas policiales, el tema de límites, también confluye el tema de inspección y vigilancia en los temas ambientales; y aún así, a pesar de que los esfuerzos, y digamos que, intenciones se puedan acercar hacia Cerro Seco, no son suficientes, puntualiza William Pacheco, supervisor del área de Gestión Ambiental, Riesgo y Cambio Climático de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Debido a las denuncias y observación constante de la comunidad, la Comisión Ambiental Local, instancia de coordinación que articula acciones y actores estratégicos para el mejoramiento de las condiciones ambientales de la localidad, viene haciendo operativos de inspección y vigilancia a La Sacan con una mayor frecuencia, les cerramos cinco días, diez días, doce días por todo su funcionamiento, también se generó un cierre de cinco días a La Sacan por un tema de papeles de representación. 

 Estas acciones terminan siendo aisladas y no representan un freno definitivo a la minería en Cerro Seco. La burocracia y la permisividad de las instituciones es la que ha posibilitado que empresas mineras como La Sacan dañen los ecosistemas y el territorio. Con todo, lo cierto es que la CAR no puede suspender eternamente una actividad minera, y dado que La Sacan tiene vigente la licencia ambiental, no hay nada que hasta el momento impida que siga realizando sus actividades extractivas. 

 Si bien la competencia aquí es de la ANLA, la mina no ha sido cerrada; debido a que, existe toda una política nacional que privilegia la minería en Colombia, considerándola según el código de minería Ley 685 de 2001 una actividad de utilidad pública e interés social. 

 Incluso ahora que el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece 2022-2035 declara y reconoce a Cerro Seco como Parque Ecológico Distrital de Montaña. El conflicto podría agudizarse porque dentro de las zonas protegidas por el POT no se incluyeron las zonas que el Ministerio de Ambiente determinó compatibles con la minería. 

 Por ahora, el proceso judicial que los dueños de las canteras interpusieron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para revisar las zonas compatibles con la minería en Cerro Seco sigue en curso. La comunidad se movilizó en 2021 para que la magistrada Nelly Villamizar, quien lleva el proceso, permitiera su participación en la audiencia que tuvo lugar los últimos días de julio de ese mismo año. Todavía se espera el concepto de este pleito que podría determinar el futuro de Cerro Seco.

La única certeza es que la movilización y la organización de la comunidad ha sido y será la respuesta frente al deterioro de la vida, el agua y la montaña en Cerro Seco. 

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[1] El nombre fue cambiado por razones de seguridad.

[2] Esta información fue brindada por funcionarios de la CAR Dirección regional Bogotá - La Calera en una entrevista que nos impidieron grabar.